En fechas recientes el presidente Andrés Manuel Obrador ha estado en la frontera norte de México atendiendo, principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, una agenda caracterizada por el tema de la seguridad tanto nacional, como binacional en tanto vecinos de una potencia mundial de la cual ya el presidente Porfirio Díaz se lamentaba, pero astutamente aprovechaba.
Y es justamente, en el marco de esta delicada pero fundamental agenda, que salió a relucir nuevamente en palabras del presidente el operativo «Rápido y Furioso». Operativo que se caracterizó por la introducción de manera ilegal de armas al país, bajo la complicidad del Departamento de Seguridad de Estados Unidos y la CIA y que resultó en un ominoso escándalo en nuestro vecino del norte y en una llamada de atención a la soberanía mexicana.
Situación que desde la perspectiva del presidente y en tanto atañe asuntos de seguridad nacional, no volverá a ocurrir puesto que las aduanas serán manejadas ahora por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina.
Así en la sociedad civil, ha cobrado especial atención el preponderante papel que las fuerzas armadas están teniendo en la vida pública de México, y en concreto en la fagocitosis de la Administración Pública civil, la cual ha sido inclusive menospreciada por el titular de la Secretaría de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán quien en plena mañanera de junio del 2021 expresó que en nuestro país se carecían de servidores públicos honestos.
Todo esto no es asunto menor, ya que recordemos que nuestro país a diferencia de otras naciones del continente americano como Brasil, Uruguay, Argentina, Ecuador o Colombia, no vivió gobiernos o dictaduras militares, en tanto logró institucionalizar una transición del poder militar al poder civil que, si bien no fue nada tersa, sí fue mucho más efectiva que el lamentable ciclo de violencia e inestabilidad vivida por nuestros hermanos latinoamericanos y sus característicos golpes de Estado.
En México fue con Manuel Ávila Camacho, presidente de la república de 1940 a 1946 que se dio por inaugurado el gobierno de los “licenciados”, nombre con el que se le llamó a los gobiernos civiles que desde esa fecha hasta el día de hoy han gobernado nuestra Nación.
Menciono todo esto, porque si bien las fuerzas armadas son un ejemplo de probidad e institucionalidad y gozan de alta aprobación entre la sociedad mexicana, a estas alturas también suficiente evidencia histórica tenemos para afirmar que el poder, sea el que sea, militar o civil requiere de contrapesos, Instituciones fuertes y de una sociedad robusta que fomente la transparencia y la rendición de cuentas.
Muestra de ello es precisamente que el operativo “Rápido y Furioso” y las consecuencia legales que tuvo en Estados Unidos, fueron en gran parte resultado de un ejercicio documental por las autoridades competentes del actuar por parte de servidores públicos norteamericanos en cuanto a la concepción y ejecución de un operativo fallido, a la par que la existencia de documentación probatoria así como una cobertura mediática periodística seria y reflexiva sobre la gravedad y las implicaciones de dicho operativo.
Ya en otros momentos hemos referido al Estado como es figura mítica que Hobbes refería con el nombre del Leviatán en tanto podía imponer orden y temor al utilizar de manera exclusiva el uso de la violencia.
Los tiempos sin embargo cambian y en tiempos de información inmediata e incluso de lo que algunos ya pregonan como democracia algorítmica, en las antípodas nos preguntamos si no está demás voltear al ciudadano, ese sujeto que en colectivo y conocedor de sus derechos, obligaciones y cada vez más de sus deberes, puede cambiar destinos y limitar leviatanes, siempre en el camino del pleno ejercicio de la rendición de cuentas.
