Alejandro Armenta
En el Senado de la República, legislamos a favor de la vida, el bienestar y la salud como derechos de todo ser humano.
Por ello, se propone reformar los Art. 73, 73 BIS, 74, 74 BIS, 75 y 75 BIS de la Ley General de Salud, donde se plantean primeros auxilios psicológicos para las familias y personas cercanas para manejar los periodos de crisis de las personas que requieren servicio de salud mental y adicciones y, que no causen daños a estas personas y a las familias.
Y es que el contexto del impacto post COVID 19 se agudizó la ansiedad y la depresión en las personas, temas que deben atenderse ya que la salud mental tiene que ver con un estado de bienestar y en éste se ven involucrados la persona, la sociedad, la cultura que influyen en el pensar, sentir y actuar del individuo.
El costo financiero y económico de las enfermedades mentales en países en vías de desarrollo es equivalente al 4% de su producto interno bruto (PIB), en promedio; por lo que la salud es prioridad en el quehacer legislativo.
El asunto no es menor, pues datos de las organizaciones de salud sitúan a México en el sexto lugar de riesgo global de enfermedades mentales como consecuencia de los efectos post COVID.
El 25 por ciento de la población padece algún trastorno de salud mental, tomando en cuenta que esta problemática afecta a personas de todas las edades; en ese contexto los trastornos mentales que más afectan a los mexicanos son: la depresión, angustia, bipolaridad, trastornos obsesivos y la esquizofrenia.
Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente reportan que, en México como en otros países, se ha observado un incremento de los trastornos mentales entre la población general. donde las mujeres, presentan una prevalencia de depresión del 6.5% padecimiento que ocupa el primer lugar como carga de enfermedad, mientras que en los hombres es el consumo de alcohol (4.8%).
Por ello, desde el Senado de la República insistimos en reformas a La Ley General de Salud, con atención a las problemáticas de ansiedad y depresión que se acentuaron en esta etapa post COVID, donde en el tema de salud mental deben garantizarse servicios de calidad y proteger los derechos humanos.
Las reformas a esta iniciativa son para fortalecer la coordinación interinstitucional entre los entes de salud estatales y municipales con los organismos sociales y privados para la prevención y tratamiento la ansiedad y la depresión como prioridad.
