Extraer órganos

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador va más encaminada a la concentración, control absoluto del poder y al desmantelamiento institucional.
Esta preponderancia del Ejecutivo hacia el control total sobre los órganos constitucionales autónomos se encamina a tres rubros sustanciales en los que sus colaboradores se encuentran debilitados: económico, transparencia y derechos humanos. Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, Irma Eréndira Sandoval, de la Función Pública y Olga Sánchez Cordero, de gobernación son a quienes les urge tener un aparato burocrático que reciba línea de Palacio Nacional y se contengan las críticas.
La cruzada de la cuatroté está dirigida en contra de la corrupción. Ese es su tema bandera. Sin embargo, el combate a la opacidad, evitar agentes preponderantes económicos y reforzar derechos humanos no son prioridades. Por ello, al darles más tareas es para atomizar los temas fundamentales.
Presumir un ahorro de 20 mil millones de pesos —con la desaparición de los órganos autónomos— se envía el mensaje para buscar el aval social. Soterrar los beneficios obtenidos para los ciudadanos, a lo largo de las décadas, es sostener la narrativa del engaño y la visión maniquea desde el púlptito de la mañanera.
La amenaza de desaparición del INAI y “donarlo” a la Secretaría de la Función Pública, significa convertir a Irma Eréndira Sandoval en una secretaria de grandes silencios y mínimas respuestas. Ella se convertiría en la “guerrera” encargada de ocultar lo que realmente sucede en el gobierno de la cuatroté.
La desaparición de órganos violenta la Constitución al desaparecer entidades que garantizan derechos, pero también porque México ha firmado tratados internacionales en que está obligado a designar estos árbitros. Incluido el T-MEC.
Los órganos constitucionales definen sus decisiones en estricto sentido técnico y sólo pueden ser tomadas por los miembros de estos órganos con plena autonomía, a partir de la mejor medida para el bienestar del ciudadano común y no de intereses políticos. Por ejemplo, la Cofece, ha supervisado concentraciones económicas o de mercado por más de 13 billones de pesos; ha logrado beneficios por aplicación de la ley por 20.5 millones de pesos y ha impuesto multas por 6 mil millones. Dejarla en manos de Graciela Márquez es atender la agenda económica de la cuatroté e incluso olvidar los temas de acuerdos multilaterales.
Y meter a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de Gobernación es darle tareas mínimas a Olga Sánchez Cordero ya que ella se encuentra alejada del manejo político interno. Todo se resuelve a las 7:00 horas en el Salón Tesorería. Así, se le quitan los ojos observadores a Rosario Piedra ya que es uno de los personajes más cuestionados desde su llegada a la presidencia de la CNDH como sus decisiones. Y es que, desde el 26 de septiembre de 2020, el Presidente señaló que antes la secretaría de Gobernación era la “secretaría del autoritarismo” y ahora es la "secretaría de la defensa de los derechos humanos”. No es una declaración suelta. Es el aviso que el proyecto de fusión se encamina a “mandar al diablo a algunas instituciones”.