Israel Mendoza Pérez
@imendozape
El esclarecimiento de los casos de la llamada “guerra sucia”, fue fragmentado por la cuatroté y no se le dio el carácter de asunto prioritario. Por un lado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas tiene un compromiso blandengue con familiares de las víctimas y por el otro Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, puso al frente de este tema a Francisco Estrada Correa, secretario Ejecutivo, quien tampoco ha hecho un trabajo destacado con los colectivos.
El reciente caso de la renuncia de dos expertos del Comité de Impulso a la Justicia, Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus, presentada al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, exhibe la falta de interés por parte de la Segob con grupos que tuvieron la esperanza de encontrar eco a sus reclamos históricos.
Sin embargo, los dos grupos creados por la cuatroté, para investigar los excesos de las autoridades del pasado contra luchadores sociales, no han entregado —hasta el momento— un documento revelador ni avances sustanciales sobre el periodo histórico de 1965 a 1990 que, en sustancia, impliquen la responsabilidad de funcionarios del pasado. Y es que el choque entre el subsecretario Encinas y Rosario Piedra por la agenda de la “guerra sucia” es añeja y se encuentra trabada por los intereses políticos.
Desde antes de ser presidenta de la CNDH, en 2019, acusó a Encinas con Olga Sánchez Cordero: “Acudimos a usted y a su autoridad, porque las dos solicitudes de audiencia con el Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración para dialogar, proponer y concretarlos mecanismos que darían origen a la creación de una 'Comisión de la Verdad' organizada y conformada elementalmente por familiares y que tendría por objetivo investigar los casos documentado y denunciados por el Comité Eureka y todos los acontecidos desde 1969 y durante todo el periodo conocido 'Guerra Sucia' se ha hecho caso omiso y no hemos recibido ninguna respuesta por parte del Subsecretario”.
Ahora, las acusaciones en torno a Encinas Rodríguez van en el sentido que sin disposición por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), ni atención a los colectivos, la justicia histórica está lejana y las autoridades carecen sensibilidad.
Desde la CNDH, la comisión también creó, desde 2020 una “visitaduría especial” llamada oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado Durante el Pasado Reciente. Esta se encuentra a cargo de Francisco Estrada Correa, por un acuerdo de Rosario Piedra, que lleva los casos denunciados por grupos y por el comité Eureka. Colectivo engarzado en la CNDH y del que Rosario Piedra mantiene liderazgo y agenda de intereses.
Hasta el momento, se carece de investigaciones y seguimiento firmes a las averiguaciones previas. Tampoco se han promovido disculpas públicas, ya que, ello implica tocar los intereses de las Fuerzas Armadas y ese es un tema vedado para la cuatroté. La CNDH y la subsecretaría de Gobernación atomizaron a los grupos de lucha contra la “guerra sucia” y ahora salen a flote el engaño histórico a este sector.
