La desesperación llegó a las dirigencias de los partidos al grado de distorsionar revocación con ratificación.
Mover la maquinaria electoral para un ejercicio democrático, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es caer en una psicosis y perder de vista el juego natural de la democracia. La consulta para la Revocación de Mandato es un mecanismo conveniente y existente en la Constitución, pero aún es susceptible a perfeccionarla y fortalecer los mecanismos para llevarla a cabo y en qué momento se debe aplicar este ejercicio de llamar a una revocación. Este último punto es el más sensible para mejorar la reglamentación de este ejercicio de participación ciudadana.
Alberto Anaya, diputado y dirigente del PT, ya comenzó a intensificar y presionar a las redes clientelares orbitantes a su partido. Líderes sociales de calles y barrios “pepenan” por conseguir firmas para un ejercicio innecesario. El bono democrático de 30 millones de votos obtenidos en 2018 evita un riesgo para el proyecto de la cuatroté, pero Mario Delgado y Alberto Anaya tienen la consigna de dar números favorables, aunque sean nimios; al tiempo están enredados en dar resultados, a través de la movilización y el clientelismo.
El mal entendido en el que se encuentran los partidos afines a la Cuarta Transformación aumenta vacíos de información y sesga todo debate político. La tergiversación de conceptos surge desde el momento en que quienes pidan la revocación del mandato, entendiéndose como remover del puesto a un funcionario, tendrían que ser los que quisieran quitarlo, en este caso, en esta revocación son justamente los que no quieren la revocación los que la piden.
Y es que la figura de participación ciudadana debe ser mejorada ya que es muy alto el porcentaje de ciudadanos —el 10%— para iniciar la revocación. Punto que no se ve complicado alcanzar. Además, que la consulta sobre revocación de mandato no procede en cualquier tiempo, sino sólo una vez, cuando haya transcurrido la mitad del mandato y resultan excesivos los porcentajes para considerar vinculante al procedimiento de revocación.
En América Latina está prevista la revocación de mandato a nivel nacional o subnacional en países como Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá, Perú y Venezuela. En Bolivia, Ecuador y Venezuela se encuentra reconocida también para el presidente de la República.
Revocar el mandato debe ser aplicado a ciertos funcionarios, incluidos legisladores. Por la malinterpretación hecha por los dirigentes del partido en el poder de revocación/ratificación se estropea el concepto. Incluso, solo utilizar las leyes para sentar un precedente es jugar con la democracia además de generar un gasto oneroso. No se deberían destinarle recursos, este ejercicio no tiene razón de ser, en este caso es un ejercicio que va a ocasionar un dispendio innecesario, no es necesario en esta ocasión, pero para los partidos afines al poder encuentran la oportunidad de mantener a las clientelas cautivas ya que los programas sociales, también sustentan el ejercicio revocatorio. Esa es la psicosis en la que se encuentra el partido en el poder.
