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Servidores públicos de 10 dependencias de gobierno y de 38 municipios recibieron capacitación por parte de la CONAVIM

La titular de la Comisión reportó que de los primeros nueve meses de 2021 al mismo periodo de este año, descendieron 41%

En la entidad, el 60 % de las medidas están en nivel de "cumplimiento"

Da a conocer presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, Modelo Integral de Prevención Primaria de las Violencias hacia las mujeres

Durante la presentación del informe mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven violencias basadas en el Género (GIEV), en la Secretaría de Gobernación, la titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expresó su pésame a las familias que han sufrido la pérdida de alguien víctima de violencia de género y presentó algunos casos sobre la política cero impunidad del Gobierno de México.

En dicho informe estuvieron la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann; y la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación, Fabiola Alanís Sámano, así como autoridades del estado de Chiapas.

Rodríguez Velázquez anunció que la SSPC trabaja en una iniciativa en materia de registro de agresores sexuales y feminicidas para que las fiscalías estatales cuenten con un Banco de ADN de uso forense y cuya información genética pueda ser utilizado en la vinculación de evidencia; así como la activación de un grupo de personas expertas cuando se requiera su cooperación.

Además, adelantó que se expedirá un protocolo homologado de atención a la violencia de género y violencia feminicida para primeros respondientes y una certificación nacional de los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno para que prevengan y atiendan estos casos con los estándares adecuados.

La presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, dio a conocer el Modelo Integral de Prevención Primaria de las Violencias hacia las mujeres, cuyo objetivo es desarticular las prácticas socioculturales que normalizan la desigualdad y reproducen la discriminación por razones de género, las cuales se calculan tienen un costo del 1.4 por ciento del PIB nacional.

Resaltó que con el modelo se trabaja de forma permanente y coordinada entre el gobierno federal con los tres órdenes y Poderes del Estado. A la par, se articula con los ejes de atención y sanción para enfrentar el problema de manera holística, pues involucra a todos los núcleos sociales y comunidades.

“Trabajar desde la prevención, en la educación, con los medios de comunicación con el trabajo. Esto es el quehacer que tenemos en el grupo interinstitucional, este es el trabajo que tenemos desde el Instituto Nacional de las Mujeres porque lo que queremos ver es un México donde las mujeres podamos ser libres, donde las mujeres podamos ser empresarias, trabajadoras y esto es lo que hacemos cotidianamente con todas las mujeres con todas las instancias del país”, recalcó.

La titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, informó que se avanza en la estrategia de atención a 50 municipios prioritarios, que tiene como objetivo reducir la incidencia de violencias en razón de género mediante la mejora de la capacidad instalada para atención de mujeres víctimas.

También, la instalación y funcionamiento de consejos, comités o sistemas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; y la articulación de esfuerzos para contribuir en el acceso a la justicia para las víctimas.

La comisionada nacional destacó la puesta en marcha de la Cruzada Nacional para Prevenir, Combatir, Denunciar y Erradicar el Abuso Sexual y la Violación Infantil y Adolescente, que consiste fundamentalmente en coordinar mecanismos de atención de casos con autoridades locales para asegurar cero tolerancia e impunidad en este tipo de casos; además de recomendar la capacitación al personal que atiende a víctimas, llamar al fortalecimiento y ampliación de la capacidad instalada de atención especializada, y contribuir al acceso a la justicia para víctimas de estos casos.