La reconocida cantante colombiana Shakira ha llegado a un acuerdo con los fiscales españoles para poner fin a un caso de fraude fiscal, justo en el umbral de iniciar su juicio. La artista pagó una multa significativa de 7.3 millones de euros (8 millones de dólares), eludiendo así la posibilidad de enfrentar una condena de ocho años de prisión y una multa más elevada de 23.7 millones de euros (26 millones de dólares).
Shakira admitió haber defraudado al Estado español con una suma total de 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. Este reconocimiento le permitió cancelar la multa y recibir una pena de tres años de prisión que no cumplirá efectivamente. Además de la multa, la artista también repuso la cantidad defraudada.
La decisión de llegar a un acuerdo, según Shakira, fue motivada por la consideración hacia sus hijos. En una extensa declaración, la cantante afirmó que sus hijos no deseaban ver a su madre sacrificar su bienestar personal en una prolongada batalla legal. Esta decisión marca un cambio significativo, ya que previamente había rechazado un trato similar ofrecido por los fiscales, expresando su disposición a ir a juicio.
En el centro de la disputa se encuentra el estatus de residencia de Shakira entre 2012 y 2014. Los fiscales sostenían que la artista vivía en España, mientras ella afirmaba que su residencia oficial estaba en otro lugar. La legislación española considera residentes a efectos fiscales a aquellos que pasan más de seis meses en el país, pero Shakira argumenta que España no era su residencia principal en ese periodo.
La cantante, conocida por su trayectoria en la música pop, declaró que España era su lugar de residencia a efectos fiscales en 2015 y afirmó haber pagado 17.2 millones de euros (18.8 millones de dólares) en impuestos sin deudas pendientes.
El acuerdo alcanzado antes de iniciar el juicio implica una condena de tres años de prisión y el pago de una multa considerablemente reducida, permitiéndole a Shakira evitar la cárcel mediante un pago adicional. La artista ya ha devuelto al fisco español los 14.5 millones de euros defraudados, más tres millones en intereses, lo que ha permitido aplicar la atenuante de reparación del daño.
Este caso, que ha captado la atención mediática, se suma a otras situaciones donde personalidades públicas enfrentan acusaciones de fraude fiscal en España, generando debate sobre la eficacia y equidad de la legislación fiscal en el país.
